Los delitos de lavado de activos han ido cobrando cada vez más relevancia para las entidades privadas y también para las autoridades, esto se traduce en el aumento de reportes de operaciones sospechosas de este tipo de ilícito que se envían a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Solo en el año 2018 llegaron alrededor de 5.000 informes.

Hay un sector de la economía nacional que tiene un rol preponderante en este tema, que es el inmobiliario. 

Javier Cruz, director de la UAF, indicó que el rubro resulta atractivo para el lavado de activos y enfatizó que “el sector inmobiliario siempre será un área que despertará interés, ya que los montos que se invierten de una vez son muy altos y existe una multiplicidad de formas de invertir, ya sea, creando propias empresas de construcción, propias empresas de desarrollo inmobiliario, participando en su propiedad o invirtiendo bienes raíces que otras inmobiliarias van desarrollando”.

Los casos vinculados a la corrupción y lavado de activos han aumentado de forma sostenida en Chile, es por esta razón que los gobiernos han establecido una serie de medidas para paliar esta situación.

En el año 2012, la circular Nº 49 de la Unidad de Análisis Financiero definió como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a los “chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”. 

En nuestro país, es obligatorio tener un catastro de las PEP, ya que hay aproximadamente 3.000 personas que componen este grupo. A raíz de esto, cada inmobiliaria tiene que implementar sistemas para determinar si un potencial cliente, un cliente o el beneficiario final tienen la categoría de PEP, igualmente se deben elaborar mecanismos para identificar la fuente de riqueza de los clientes y beneficiarios reales.

La Unidad de Análisis Financiero también emitió los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), donde todas las personas naturales y jurídicas del sector privado están obligadas a informar las operaciones en efectivo que superen los USD 10.000. Las empresas ligadas al sector inmobiliario no resultan ajena a esta situación y deben reportar automáticamente estas maniobras sospechosas.

Por último, también está en vigencia el Reporte de Operaciones Sospechosas(ROS), donde la UAF puede observar y reaccionar ante la posible existencia de indicios de lavados de dinero y/o financiamiento del terrorismo. Siguiendo la tónica, los gerentes inmobiliarios deben estar en constante alerta ante esta situación para así no sufrir inspecciones o multas.