“Se rechazan los recursos de protección”, señaló la Corte de Apelaciones de Santiago, en una sentencia dictada este lunes, luego de que un grupo de inmobiliarias recurriera con el objetivo de revertir la invalidación de permisos de edificación en Estación Central.

A fines de 2018, varias empresas como Fortaleza, Inmobilia y Eurocorp, entre otras, a la que después se sumó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), presentaron recursos de protección luego de que la Contraloría dictaminara que 49 proyectos inmobiliarios en la mencionada comuna obtuvieron su permiso desde la Dirección de Obras Municipales “en contravención a la normativa aplicable”, por lo que ordenó invalidar los documentos aprobados con edificación continua, es decir, torres adyacentes que coinciden en fachada.

El organismo fiscalizador ratificó una circular del Ministerio de Vivienda (Minvu) de 2016, que no permite la “edificación continua” en una zona que no tiene límite de altura, como es el caso del sector entre las calles 5 de abril, Ecuador, Exposición y Las Rejas.

Exactamente un mes después de la resolución- que generó un fuerte impacto entre las inmobiliarias: incluso se ha planteado la quiebra de algunas como efecto del dictamen- las compañías recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago y presentaron -por separado- recursos de protección.

En concreto, solicitaron paralizar todos los efectos, directos o indirectos, que provoque el dictamen impugnado, y que se disponga en particular que la Dirección de Obras Municipales de Estación Central no dé inicio a ningún procedimiento invalidatorio, o bien que suspenda la tramitación de los que ya hubiese iniciado.

Por el contrario, la fundación Defendamos la Ciudad y la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación Central solicitaron a la corte que ordene al municipio iniciar los procedimientos de invalidación de permisos.

Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el impacto del dictamen de Contraloría, solo considerando edificios ya iniciado, afecta a 28 proyectos que contemplan inversiones por más de US$ 600 millones, y que emplean en conjunto a más de 15 mil trabajadores.

Para las inmobiliarias afectadas, la resolución del ente contralor es una “vulneración de garantías fundamentales” y una afectación al “derecho a desarrollar una actividad económica lícita”.

No obstante, en su fallo la Corte de Apelaciones fue categórica: “Se concluye que los recurrentes cuentan con un procedimiento especial en el que pueden hacer valer sus derechos, lo que impide sostener que a su respecto el acto recurrido haya provocado privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas y obsta, asimismo, a que el recurso de protección pueda ser acogido”.

Junto a esto, el tribunal de alzada señaló que “las consecuencias que en el mercado inmobiliario pudiera tener el dictamen recurrido”, de la Contraloría, y los eventuales efectos en la actividad profesional de los recurrentes, “son materias que exceden la finalidad de esta acción cautelar”, es decir, de un recurso de protección.

Luego del fallo de la Corte de Apelaciones, las empresas podrían recurrir a la Corte Suprema para insistir en sus pretensiones, según explican ejecutivos que son parte del proceso.

Fuente: Diario Financiero